En los últimos años, la divulgación de información no financiera por parte de distintas organizaciones a nivel mundial ha adquirido una relevancia indiscutible. Lo cual nos conduce a analizar la posición de diferentes países, en distintas órbitas de gobierno, que por su relevancia o representatividad marcan tendencia en relación a la difusión de la información no financiera (o reporting no financiero).
Debido a la complejidad del mundo actual, la información que se produce necesita ser cada vez más integral. Se requiere incorporar nuevas variables que recuperen los distintos aspectos de interés para los grupos involucrados en un propósito determinado. ?Por lo tanto, el diseño e implementación de nuevos sistemas de información deberá tener en consideración estos nuevos factores para observar mayor eficiencia y respuesta de cambio? (Rodriguez Castro, 2009, pg. 60).
Tal como ha sido señalado por Laura Accifonte en el marco de las XXX Jornadas Interamericanas de Contabilidad (Uruguay, 2013), los organismos que conforman el sector público tienen a su cargo fundamentalmente generar e implementar políticas públicas para la satisfacción de necesidades de la ciudadanía. El impacto de dicha generación e implementación debe ser objeto de evaluación y medición ya sea en forma cuantitativa o cualitativa.
En este sentido la contabilidad financiera no alcanza para satisfacer todas las necesidades de información, y de allí la importancia de generar un sistema de información socio-ambiental, tanto para el sector privado como para el sector público. Dicho sistema debe ser capaz de recuperar datos, hechos y resultados, y de medirlos y divulgarlos dentro de un marco de transparencia, eficiencia y competencia.
?El Balance Social nace como necesidad de informar a los terceros interesados, en forma integral de los actos de una organización (pública o privada) en todos los aspectos: económico, financiero, social y ambiental. ? (Accifonte, 2013, pg. 2)
Son escasos los trabajos académicos sobre Responsabilidad Social del Sector Público, aunque paulatinamente se ponen en marcha diferentes planes y programas en distintos niveles de gobierno en países de todo el mundo, liderando los países europeos fundamentalmente.
Y en materia de sector público, el punto de partida es probablemente el reconocimiento de que la contabilidad gubernamental necesita de una re-evaluación en su dinámica operativa. ?Es aquí cuando se espera que la contabilidad social en el ámbito del sector público entre a corregir las deficiencias de la contabilidad financiera pública en lo concerniente a la generación de información pertinente a [?] hechos sociales especialmente en torno a la evaluación de la contribución económica y social ? para el servicio de la comunidad...? (Rodríguez Castro, 2009).
En tal sentido la medición de impactos, tiene la complejidad propia de aquello en lo que existe una creciente influencia del contexto económico, social, ambiental y político, en la medida que se lleve adelante por empresas privadas ?en donde solo unas pocas influyen-, organizaciones sociales ?donde influyen algunas más-, u organizaciones gubernamentales ?donde influyen todas o casi todas-.
Por ejemplo, en una empresa privada lucrativa solo habrá influencia de las variaciones de:
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Los insumos, sus precios y disponibilidad
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Las actividades realizadas ?sus costos y eficiencia-
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Los logros.
Mientras que el resto de las variaciones posibles son inexistentes o poco significativas, en la medida que sus contratos las establecen como constantes inmodificables.
En una organización social, a las anteriores se suman los resultados o efectos directos sobre los asociados, que no sólo exigirán eficiencia y eficacia, sino también efectos directos referidos a su vida en comunidad ?como la organización social, distribución de resultados, modos de gestión, etc.- que implican una mayor influencia del contexto, y por tanto mayor complejidad en la medición de impactos.
En una organización estatal ?provincial o municipal- además de las anteriores-, se suman todos los aspectos que hacen al impacto indirecto ?en distribución, apropiación local, sostenibilidad, etc.- que se supone debe incluir una gestión estatal.
No obstante lo cual tanto las empresas, como organizaciones sociales tienen en un contexto de creciente búsqueda de la sostenibilidad ?definida como ?lo necesario, para todos, siempre?- crecientes obligaciones que acercan su propia sostenibilidad a las funciones propias del Estado, en la medida que si no se contemplan, aunque cumplan con lo establecido en sus normas y acuerdos, su imagen se verá afectada negativamente si el producto imaginario desarrollado por sus clientes o asociados, no responde a las expectativas de éstos.
