Los fundamentos económicos relacionados a la ejecución del gasto público social dirigido a la niñez y adolescencia se asientan en las teorías tradicionales del crecimiento económico y en el nuevo enfoque de derechos imperante a partir de la Convención sobre los Derechos de los Niños junto a nuevos enfoques heterodoxos vinculados a éste y cuyos principales exponentes son Amartya Sen y Martha Nussbaum. En el año 2002 el Comité de las Naciones Unidas recomendó al Estado Argentino que, entre otras cuestiones, revise las medidas presupuestarias para garantizar que los recursos disponibles se utilicen de lo mejor posible para promover y proteger los derechos de los niños a nivel federal, regional y local.
El presente trabajo plantea la importancia del registro del gasto público social en infancia para el órgano ejecutor del control de gestión que se lleva a cabo a través del Presupuesto Público, la Ejecución Presupuestaria y la cuenta Ahorro ? Inversión - Financiamiento, como también la valoración social subjetiva de las políticas públicas por parte de los miembros de una comunidad.
En general, el gasto público dirigido a niñez y adolescencia en términos del producto bruto geográfico de la provincia de Córdoba (PBG) y en relación al gasto por niño dirigido a niñez ha aumentado en el periodo 2007-2012.
Por medio de la estimación de un modelo logit multinomial en base a una encuesta de preferencias declaradas se han obtenido indicadores de valoración social subjetiva de determinadas políticas públicas dirigidas a mejorar el bienestar de niños y adolescentes en la Provincia de Córdoba.
Resulta importante que el Estado avance en el registro anual de la situación de los indicadores relacionadas a las condiciones socioeconómicas de niños y adolescentes para luego calcular de qué manera los aumentos en el gasto público se vinculan con mejoras en los valores de los indicadores relevados. Luego, podrán compararse los incrementos específicos de gasto con la valoración subjetiva social que le otorga la comunidad a ese gasto. De esta manera, se podrían medir los beneficios sociales resultantes en el marco analítico de la evaluación económica y social de políticas de gobierno, lo que permitiría tomar decisiones de asignación del gasto público a aquellas políticas que arrojen mayores beneficios sociales, contribuyendo así al desarrollo económico.