Panel Derechos y Políticas. El Derecho y las Políticas Ambientales: Estado de la relación entre la teoría y la práctica

EIDIPA+UNC 2015

Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA)

Lugar: Córdoba; Año: 2016; p. 7 - 8

Panel Derechos y Políticas. El Derecho y las Políticas Ambientales:Estado de la relación entre la teoría y la práctica.Coordinador: Lic. Inés del Valle AsísDisertantes: Lic. Jaschelle BurijovichDr. Horacio EtchichuryDra. Alicia Morales LambertiEl objetivo del panel ha sido presentar los problemas de la implementación de la política ambiental, no solo desde el punto de vista del derecho-la norma-; sino también, en términos de las políticas públicas, en especial, la coordinación con otras políticas y los criterios de eficiencia y eficacia. Necesariamente, ello nos lleva a plantear algunas ideas sobre el rol de la universidad en este punto particular.En el desarrollo del Panel se planteó la visión de los derechos y la política ambiental desde un nuevo paradigma, que parte de los derechos humanos,se incorporan a nuestra constitución con rango de Ley Suprema y constituye una visión integradora y transversal de todos los derechos consagrados en nuestra Carta Magna. Este nuevo paradigma ha sido incorporado al espíritu del nuevo Código Civil. Como consecuencia de ello, nuevos estudios y nuevas formas de análisis deben ser realizados. El desafío de incorporar esta nueva visión de la implementación de la Política Ambiental es aún mayor en la actualidad y nos obliga como universidad a responder a los nuevos objetivos en un marco de pluralidad y responsabilidad.La consideración de las políticas públicas con enfoque sobre los derechos y en particular, los problemas observados en su implementación en la provincia de Córdoba son elementos que se expusieron en este panel. En las presentaciones de la Lic. Jaschelle Burijovich y del Dr. Horacio Etchichury estos tópicos fueron desarrollados a partir de su experiencia como miembros del equipo interdisciplinario de investigación del Observatorio de Derechos Humanos de la Secretaría de Extensión de nuestra universidad. El trabajo"Por la dignidad: Los derechos económicos, sociales y culturales en Córdoba",elaborado en ese marco, surgió de la necesidad de producir conocimientos con el objetivo de profundizar una democracia sustantiva y realizar aportes significativos en el diseño de políticas públicas que disminuyan las desigualdades sociales en su más amplia acepción. El análisis abordado sobre distintos derechos sociales, económicos y culturales; entre ellos, el derecho a un ambiente sano y el acceso al agua, entre otros, permitió elaborar el estado de situación provincial de esas problemáticas y aportó un mapeo en torno apolíticas, planes y programas para identificar necesidades de acción futura para avanzar hacia una sociedad más justa.Por otro lado, la presentación de la Dra. Alicia Morales Lamberti puso de manifiesto que el problema de los derechos fundamentales ya no consiste en su reconocimiento, sino en la posibilidad de hacerlos efectivos. Por ello,el derecho ambiental se va arraigando al campo de las luchas sociales. Las estrategias para garantizar el reconocimiento de los derechos colectivos y del ambiente, pasan por la democratización del acceso a la justicia y el honesto cumplimiento de los deberes y obligaciones por el Estado, las empresas y los ciudadanos e implica un compromiso ético y la transparencia de los procesos decisionales. Los conceptos de efectividad / eficacia poseen una valencia simbólica, epistemológica, política, axiológica y ética divergente,según el paradigma e intereses que se asuman.Finalmente, el rol de la Universidad en la actualidad hace necesaria la definición del grado y alcance de la disponibilidad y acceso público a los resultados de las investigaciones financiadas públicamente con el objetivo de promover el debate entre los universitarios, respetando la diversidad de opiniones. El objetivo estatutario de promover la transferencia de resultados de investigación, conforme un contexto valorativo de apropiación y aplicación social, no debería ser desvirtuado por el atractivo que significa generar recursos adicionales para las universidades y los investigadores.