Los entes reguladores de servicios públicos

DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO con orientación en Ciencias Económicas

Barone, Lorenzo Daniel

Lugar: Córdoba; Año: 2018; p. 483 - 496

Reforma del Estado y regulación Como numerosos países, la Argentina ha optado en los últimos años por disminuir marcadamente la intervención del Estado en la actividad económica y adoptar políticas de privatización con el propósito de controlar la inflación, reducir el déficit fiscal, mejorar la gestión pública y procurar que los servicios prestados a la comunidad resulten más eficientes. Junto con la reformulación del papel del Estado se ha puesto el acento en la regulación de los servicios públicos, siguiendo de cerca el modelo anglosajón, pudiéndose sostener que dichos servicios en la legislación de la reforma constituyen una modalidad de regulación o, dicho de otro modo, un régimen de carácter potestativo que disciplina su prestación, sea que ésta la realice la Administración o los particulares, a través de tres instrumentos que son el ente regulador, la potestad tarifaria y el título habilitante. En Argentina, los entes reguladores ingresan de modo orgánico al sistema jurídico como medio de la política de los servicios públicos, siendo ésta, a su vez, parte de un conjunto articulado de políticas que se llamó Reforma del Estado y fue puesto en vigencia por medio de la Ley 23.696 de 1989 . Tal conjunto se integró con políticas de descentralización, desregulación, regulación de servicios públicos, privatización. En cuanto a la primera de las funciones, está reservada al más alto nivel del Gobierno, es decir, a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, y comprende la sanción de los marcos regulatorios de los distintos servicios, ya sea mediante leyes o decretos, abriéndose el debate después de la Reforma Constitucional de 1994, acerca de la viabilidad de su sanción por decreto frente al texto del art. 42 de la Constitución Nacional, que dispone: La legislación establecerá los marcos regulatorios de los servicios públicos