EL FARMACÉUTICO EN LA TRANSFERENCIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD A MUNICIPIOS Y COMUNAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Mendoza

Jornada; IV Jornadas de Farmacia Hospitalaria y Atención Primaria; 1999

Dirección Provincial de Farmacología y Normatización de Drogas, Medicamentos e Insumos Sanitarios, Ministerio de Salud, Gobierno de Mendoza.

OBJETIVO: Problematizar la necesidad de un marco legal adecuado para el ejercicio profesional farmacéutico en una política sanitaria descentralizada. MATERIAL Y MÉTODO: ?Revisión de la legislación farmacéutica argentina en los ámbitos nacional y provincial* ?Diagnóstico del suministro de medicamentos en el primer nivel de atención de salud. RESULTADOS: La legislación nacional plantea: el contralor de drogas y productos utilizados en medicina humana, en jurisdicción nacional o con destino al comercio interprovincial y un marco general del ejercicio profesional farmacéutico en todo el territorio nacional. La Ley provincial* de Farmacias, Droguerías Farmacéuticas, Laboratorios Farmacéuticos y Herboristerías (correlacionada con la Ley de Farmacia en el orden nacional), rige claramente el ejercicio profesional farmacéutico en el ámbito privado, pero no es explícita respecto del sector público. El Ministerio de Salud y Seguridad Social provincial* ejerce las funciones de contralor y asesoramiento técnico en la planificación, ejecución, control y evaluación de las actividades de salud. A partir de la descentralización, con la transferencia de los servicios de salud del primer nivel de atención a los municipios y las comunas, el suministro de medicamentos queda bajo la responsabilidad de los gobiernos locales. Dentro de la APS que se brinda en el Primer Nivel de Atención, no se plantea el desarrollo de programas o proyectos específicos sobre Sistemas Integrales de Suministro de Medicamentos Esenciales (SISME), ni la habilitación o registro de Unidades o Servicios de Farmacia bajo la responsabilidad de un profesional farmacéutico. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: El profesional farmacéutico requiere de un marco legal apropiado que le permita participar en el desarrollo de una política farmacéutica orientada al bienestar de los pacientes y la comunidad, donde se asegure la supervisión del farmacéutico en todas las etapas del suministro de medicamentos, mejorando así la calidad de la atención farmacéutica.