Supuestos empíricos y normativos para la construcción de indicadores de buenas prácticas de información pública y comunicación para la participación ciudadana en gobiernos locales

ALEJANDRO ÁLVAREZ NOBELL

Córdoba

Encuentro; I Encuentro de Investigadores y Estudiantes en Ciencias Sociales y Humanidades; 2015

Universidad Católica de Córdoba

La presente comunicación se enmarca en el proyecto de investigación posdoctoral CONICET-Universidad Católica de Córdoba (Argentina) que tienen por objetivo generar conocimiento en torno a la contribución de la información pública y la comunicación en los procesos de participación ciudadana y accountability social para la sostenibilidad y democratización de los procesos de desarrollo. Para ello partimos de la hipótesis de que la información pública y las acciones comunicativas de los agentes estatales y actores de la sociedad civil cumplen un papel fundamental en el tipo de vínculo que se establece entre ciudadanos y gobernantes en dos sentidos: en las condiciones que aquellos crean para viabilizar u obstaculizar la participación ciudadana pero también para favorecer o no la transparencia y la rendición de cuentas. Sostenemos que las TIC?s pueden colaborar en la reducción de deficiencias y déficits asociados a la accesibilidad de la información pública, la rendición de cuentas y la comunicación gubernamental. Si bien a nivel nacional, Argentina no cuenta con un instrumento legal especial que obligue a los estados en materia de ?Acceso a la Información Pública y Transparencia? -sobre lo cual la misma Corte Suprema de Justicia ha señalado como de ?imperiosa necesidad?-; si existe un complejo entramado jurídico parcial y al menos 10 proyectos de ley sobre la cuestión con estado parlamentario en el Congreso de la Nación. A nivel provincial, la situación normativa presenta una disparidad bastante especial también. Al respecto, el colectivo ?Saber es un derecho, que ahora sea ley? ha reseñado al menos 30 normas provinciales existentes. En particular, la Provincia de Córdoba sólo cuenta con Ley Nº 8.803 de ?Acceso al conocimiento de los actos del estado de la provincia de Córdoba?. Frente a ello, los estados no encuentran criterios claros y las iniciativas (sobre todos de la sociedad civil) intentan con distintas iniciativas contribuir a contrarrestar esta situación. En efecto y tomando como antecedentes el marco legal existente, antecedentes de investigaciones similares en Argentina y España y un conjunto de estándares mínimos para legislaciones sobre ?Acceso a la Información pública en Argentina? (Documentos de la OEA y del colectivo ?Saber es un derecho, que ahora sea ley), se elaboró un conjunto de indicadores para la evaluación y valoración de los contenidos, la accesibilidad y eficacia comunicacional, en particular, de los portales municipales. Los mismo se estructuran tomando los siguientes principios (Elena y Pichón Rivière, 2014): la presunción de publicidad de los actos emanados por los sujetos obligados; máxima apertura y divulgación de la información; interpretación limitada del régimen de excepciones; y principios de informalidad y gratuidad y no discriminación. Se pretende que en trayectos subsiguientes de la investigación, esta matriz de indicadores y su consecuente aplicación en la evaluación de las buenas prácticas de información publica y comunicación pueda contribuir a la participación ciudadana plural en el control democrático.